En lo formal, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, ha cumplido con presentar, dentro del plazo previsto, el anunciado Plan Nacional Anticorrupción, lo cual es meritorio y saludable para el sistema democrático.
Debemos subrayar que en los últimos tiempos no ha habido una propuesta de tal envergadura que, como esta, haya convocado el interés de la sociedad civil y de diversos sectores del Estado, lo que evidencia la firme voluntad política, al más alto nivel del Gobierno, para desterrar el cáncer de la corrupción.
Es más, dicho plan supera esquemas ya agotados, como el del 'zar' anticorrupción o el de la Oficina Nacional Anticorrupción, que fueron más salidas mediáticas para superar crisis coyunturales, pero que no tenían solidez ni visos de permanencia.
Sin embargo, yendo al fondo del asunto, se perciben varias debilidades en el plan, la principal de ellas reposar casi enteramente en la estructura de un solo poder del Estado, el Ejecutivo, lo cual es una incongruencia. Y es que si bien la lacra de la corrupción permea y carcome principalmente el aparato estatal, a través de coimas o maniobras oscuras que finalmente terminan en robo escandaloso de recursos públicos, sus tentáculos tocan todos los poderes del Estado y las diversas capas de la sociedad.
Por lo mismo, tiene que involucrarse de una manera mucho más visible y comprometida al Congreso y sobre todo al Poder Judicial, que son parte principal del problema, y por tanto de su solución. Solo así podrá hacer honor al eslogan del plan que señala que la lucha anticorrupción es "Un compromiso de todos".
En tal contexto, si bien Simon debe convocar a los responsables de dichos poderes, estos deben sumarse prontamente al plan con un actitud autocrítica y proactiva para evaluar las falencias en sus ámbitos y hacer recomendaciones viables y realistas.
Cuentan en el plan con un diagnóstico bastante acertado que identifica tres factores que favorecen la corrupción: la falta de transparencia y las limitaciones de la información pública; la ineficiencia en los mecanismos de control y sanción; y la limitada educación sobre derechos y obligaciones ciudadanas.
Al respecto, crear una "central de riesgo de funcionarios", donde quede registrada la información positiva y negativa de quienes trabajan para el Estado, es algo destacable. Pero hay que ir más allá, para obligar a toda la burocracia a publicar y actualizar toda la información que producen en los portales web. Y si no lo hacen, deben ser denunciados y castigados.
En suma, el plan anticorrupción es un buen primer paso, que debe perfeccionarse con el concurso de todos los poderes del Estado y de la sociedad civil. Ello bajo el liderazgo del jefe de la PCM, pero también del presidente García, que tienen que deslindar definitivamente con la corrupción y monitorear permanentemente los avances del plan, que no puede ser flor de un día.
En tanto, la ciudadanía y la prensa independiente deben permanecer vigilantes y alertas, no solo para hacer sugerencias y abrir debates públicos sobre tan crucial tema, sino también para denunciar sus eventuales retrasos, desvíos o falencias. De por medio están la viabilidad del Estado, el desarrollo económico y el saneamiento ético de la nación.
El Comercio
