La Audiencia Nacional se declaró competente este martes para investigar a 14 militares salvadoreños por el asesinato de seis jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA) y dos mujeres en El Salvador en 1989.
Los militares serán investigados por "asesinatos terroristas" y "delitos contra el derecho de gentes", que protege a los extranjeros internacionalmente protegidos por un tratado, indicaron fuentes judiciales a la AFP.
Fernando Andreu, juez de la Audiencia Nacional, ha admitido la querella presentada el 13 de noviembre de 2007 por dos organizaciones de derechos humanos, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco (EEUU).
El ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani, también denunciado por estas asociaciones, no será investigado, añadieron.
Las asociaciones de derechos humanos acusan a los demandados de "crímenes contra la humanidad" y de "terrorismo de Estado", y su querella se basa en el principio de justicia universal, que permite a los tribunales españoles perseguir crímenes de lesa humanidad en todo el mundo.
Los querellantes también acusaban a Cristiani de "encubrir" el crimen perpetrado por el Ejército salvadoreño.
El 16 de noviembre de 1989, miembros del batallón Atlacatl del ejército salvadoreño asesinaron en San Salvador a los sacerdotes hispano-salvadoreños Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana (UCA), y al vicerrector, Ignacio Martín Baró, a otros tres religiosos españoles y uno salvadoreño, y a una trabajadora doméstica y su hija.
Los militares acusados en la querella son los generales Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, además de los coroneles Inocente Orlando, Francisco Elena Fuentes y Guillermo Alfredo Benavides, ya juzgado en El Salvador por estos crímenes. La denuncia también incluye a los tenientes Carlos Camilo Hernández, José Ricardo Espinoza y Gonzalo Guevara, así como los sargentos Antonio Ramiro Avalos y Tomás Zárpate, el cabo Ángel Pérez y los soldados Óscar Mariano Amaya y José Alberto Sierra.
Por el crimen, que conmovió a la comunidad internacional, fueron juzgados nueve militares, entre ellos el director de la Escuela Militar de San Salvador, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, culpado de todos los crímenes y condenado a 30 años de cárcel. Benavides fue liberado el 1 de abril de 1993, tras promulgarse la ley de amnistía que perdonó todas las atrocidades cometidas durante la guerra civil en El Salvador (1980-1992).
Tras la presentación de la querella en Madrid, el presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, declaró que Cristiani "no tiene absolutamente nada que ver" en el crimen y garantizó al ex presidente "todo el apoyo" de su gobierno.
Por su parte, el arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz, manifestó su temor de que la apertura en España de una investigafción de Cristiani no ayude "en el proceso de reconciliación interno".
AFP
