El ministro de Agricultura, Ismael Benavides, dispuso la separación del jefe del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS), Tito Fernando Bonicelli Crovetto, que estaría presuntamente involucrado en irregularidades en la entrega de 2,000 vicuñas a la compañía minera San Simón (La Libertad), de propiedad de la familia Sánchez Paredes.
Solicitó la inmediata intervención de personal de la Contraloría General de la República para una acción de control no programada en el Conacs, a fin de investigar ese caso y deslindar las responsabilidades administrativas como penales.
El Conacs es un Organismo Público Descentralizado (OPDS) del sector Agricultura, dedicado a la conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento a nivel nacional de todas las especies que conforman los camélidos sudamericanos y sus híbridos, y fue creado en 1992.
El caso que involucra al ex jefe del Conacs se deriva del traslado desde la comunidad de Picotania (Puno) de 2,000 camélidos hacia el caserío Casablanca, en la provincia de Santiago de Chuco en la región La Libertad, donde la minera San Simón entregó 500 mil dólares a la comunidad de Picotania para el traslado de las vicuñas.
Esta operación fue hecha sin la aprobación del Ministerio de Agricultura, y en el presente caso, simplemente se autorizó el repoblamiento de vicuñas mediante resolución jefatural, señala el portafolio en un comunicado.
Expresó su extrañeza por la manera en que la Dirección Regional Agraria de Puno –que depende del gobierno regional- no se haya percatado del traslado masivo de este contingente, sin poner en aviso a la Alta Dirección del Ministerio, y mucho menos, al gobierno regional, ya que la logística empleada en esta operación debió llamar la atención de las autoridades locales.
De la misma manera, se viene investigando una compra sin licitación que se efectuó durante la campaña del friaje para medicamentos y alimentos para animales, cuyo monto fue aproximadamente de tres millones de nuevos soles. Estos hechos están vinculados a la gestión del ex jefe del Conacs.
El ministerio de Agricultura ordenó la revisión de una autorización de otorgamiento de una garantía para la importación de urea a través del banco Agropecuario a favor de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú.
Dicha operación tendría una serie de vicios en su aprobación por lo que el Ministerio sustentado en argumentos técnicos como legales viene examinando dicha operación crediticia, con el propósito de determinar "bajo qué circunstancias fue aprobada por el directorio del banco Agropecuario, y si la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) ha evaluado esa misma operación".
Por Decreto Supremo No. 008-2007-AG se formó en el banco Agropecuario un "Fondo de Crédito Directo para el Pequeño Productor y Agropecuario (CREDIAGRO), cuyo saldo a la fecha es de ocho millones de nuevos soles, y que esta operación concentraba un 69 por ciento de estos recursos, imposibilitando el desarrollo del campo a través de otros mecanismos transparentes y más eficientes".
En dicha norma se estableció que a través de un convenio de comisión de confianza, el ministerio de Agricultura y el Agrobanco establecerían las condiciones crediticias y aspectos adicionales, como por ejemplo, un tope de hasta 15 (UIT) en el otorgamiento de cada crédito.
Indica que en esas circunstancias se han encontrado irregularidades que oscilan desde la selección del proveedor, sin licitación ni concurso público, a través de un broker que carece de seriedad y garantía comercial, con el manejo de relaciones comerciales poco transparentes, que incluyen la invitación de funcionarios peruanos para firmar los contratos en Alemania.
El Ministerio de Agricultura está en proceso de recuperación de los deudores de los fondos rotatorios, quienes en algunos casos ostentan puestos directivos, y que nuevamente pretenden beneficiarse con operaciones que el Estado financie sin considerar la recuperación eficiente de los mismos.
Estas irregularidades involucran a funcionarios de la gestión del ex ministro, Juan José Salazar, señala el citado portafolio, el mismo que reafirmó su compromiso de llevar a cabo una gestión transparente, con valores, excelente servicio y eficiencia técnica en provecho de los usuarios del rubro y en aras del desarrollo del agro peruano, como fuente de bienestar y empleo.
Al respecto, el ministro Benavides, anunció una lucha frontal contra la corrupción dentro de su sector y la implantación de una política de puertas abiertas y de transparencia en el Ministerio, con el propósito de ponerlo al servicio de los agricultores y de la ciudadanía.
Fuente: NoticiasTrujillo
Solicitó la inmediata intervención de personal de la Contraloría General de la República para una acción de control no programada en el Conacs, a fin de investigar ese caso y deslindar las responsabilidades administrativas como penales.
El Conacs es un Organismo Público Descentralizado (OPDS) del sector Agricultura, dedicado a la conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento a nivel nacional de todas las especies que conforman los camélidos sudamericanos y sus híbridos, y fue creado en 1992.
El caso que involucra al ex jefe del Conacs se deriva del traslado desde la comunidad de Picotania (Puno) de 2,000 camélidos hacia el caserío Casablanca, en la provincia de Santiago de Chuco en la región La Libertad, donde la minera San Simón entregó 500 mil dólares a la comunidad de Picotania para el traslado de las vicuñas.
Esta operación fue hecha sin la aprobación del Ministerio de Agricultura, y en el presente caso, simplemente se autorizó el repoblamiento de vicuñas mediante resolución jefatural, señala el portafolio en un comunicado.
Expresó su extrañeza por la manera en que la Dirección Regional Agraria de Puno –que depende del gobierno regional- no se haya percatado del traslado masivo de este contingente, sin poner en aviso a la Alta Dirección del Ministerio, y mucho menos, al gobierno regional, ya que la logística empleada en esta operación debió llamar la atención de las autoridades locales.
De la misma manera, se viene investigando una compra sin licitación que se efectuó durante la campaña del friaje para medicamentos y alimentos para animales, cuyo monto fue aproximadamente de tres millones de nuevos soles. Estos hechos están vinculados a la gestión del ex jefe del Conacs.
El ministerio de Agricultura ordenó la revisión de una autorización de otorgamiento de una garantía para la importación de urea a través del banco Agropecuario a favor de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú.
Dicha operación tendría una serie de vicios en su aprobación por lo que el Ministerio sustentado en argumentos técnicos como legales viene examinando dicha operación crediticia, con el propósito de determinar "bajo qué circunstancias fue aprobada por el directorio del banco Agropecuario, y si la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) ha evaluado esa misma operación".
Por Decreto Supremo No. 008-2007-AG se formó en el banco Agropecuario un "Fondo de Crédito Directo para el Pequeño Productor y Agropecuario (CREDIAGRO), cuyo saldo a la fecha es de ocho millones de nuevos soles, y que esta operación concentraba un 69 por ciento de estos recursos, imposibilitando el desarrollo del campo a través de otros mecanismos transparentes y más eficientes".
En dicha norma se estableció que a través de un convenio de comisión de confianza, el ministerio de Agricultura y el Agrobanco establecerían las condiciones crediticias y aspectos adicionales, como por ejemplo, un tope de hasta 15 (UIT) en el otorgamiento de cada crédito.
Indica que en esas circunstancias se han encontrado irregularidades que oscilan desde la selección del proveedor, sin licitación ni concurso público, a través de un broker que carece de seriedad y garantía comercial, con el manejo de relaciones comerciales poco transparentes, que incluyen la invitación de funcionarios peruanos para firmar los contratos en Alemania.
El Ministerio de Agricultura está en proceso de recuperación de los deudores de los fondos rotatorios, quienes en algunos casos ostentan puestos directivos, y que nuevamente pretenden beneficiarse con operaciones que el Estado financie sin considerar la recuperación eficiente de los mismos.
Estas irregularidades involucran a funcionarios de la gestión del ex ministro, Juan José Salazar, señala el citado portafolio, el mismo que reafirmó su compromiso de llevar a cabo una gestión transparente, con valores, excelente servicio y eficiencia técnica en provecho de los usuarios del rubro y en aras del desarrollo del agro peruano, como fuente de bienestar y empleo.
Al respecto, el ministro Benavides, anunció una lucha frontal contra la corrupción dentro de su sector y la implantación de una política de puertas abiertas y de transparencia en el Ministerio, con el propósito de ponerlo al servicio de los agricultores y de la ciudadanía.
Fuente: NoticiasTrujillo
